Relator sobre pueblos indígenas instó al Estado a designar mayores recursos para cumplir procesos de consulta.

En una conferencia de prensa realizada hoy en Lima, James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas, señaló que el gobierno peruano debe realizar un proceso de consulta con los pueblos indígenas, que habitan en el área del Lote 88 del proyecto de gas Camisea, antes de tomar una decisión sobre su ampliación.

Si bien resaltó que la compañía Pluspetrol, encargada de su conducción, realiza una labor adecuada para la preservación de la naturaleza y la biodiversidad, “otro asunto es el impacto social y humano que pueda tener el proyecto”, remarcó.

El Relator recordó que el aproximadamente el 75% del Lote 88 está dentro de una reserva establecida para proteger a los pueblos indígenas Matsiguenga, Nahua, y otros en condición de aislamiento voluntario o en contacto inicial.

“Es evidente que estas agrupaciones son extremadamente vulnerables, por lo que el gobierno y la empresa deben actuar con la máxima cautela”, advirtió.

Insto además a la reparación del daño ambiental en el Lote 1-AB en el Río Pastaza, declarado este año en emergencia por el Ministerio del Ambiente. Los líderes indígenas que se entrevistaron con el Relator lo exigieron así como condición previa a cualquier proceso de consulta con respecto a la licitación prevista para el 2015.

Las comunidades incluyeron además como condiciones la titulación de sus tierras, una mayor presencia del Estado en la zona, indemnizaciones por los cuarenta años de explotación petrolera y la compensación por el uso de sus tierras, informó el Relator.

Asimismo indicó que, durante su visita, los dirigentes indígenas indicaron que no se oponen a los proyectos extractivos, pero sí consideran que estos deben ir en consonancia con los derechos de sus pueblos y sus propias aspiraciones y prioridades de desarrollo.

En su evaluación, Anaya señaló que el gobierno aun requiere mejorar su capacidad para implementar la consulta previa y replantear los recursos logísticos y presupuestales designados para dicho propósito.

Anaya realizó una gira en las regiones de Puno, Cusco y Loreto con el fin de hacer una evaluación sobre el impacto de las industrias extractivas en los pueblos indígenas.

El Relator hará público su informe sobre el Perú en el 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Foto: FEDIQUEP.