Ante la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1489 que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, la asociación CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, expresó su preocupación sobre lo que considera podrían ser obstáculos para la ejecución de un plan multisectorial realmente efectivo y con representación indígena.
La norma, publicada el pasado domingo 10 de mayo, establece medidas extraordinarias y urgentes para garantizar la pertinencia y adecuación cultural en la atención de pueblos indígenas u originarios y acciones para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ, saludó la disposición del Estado peruano de escuchar a las organizaciones indígenas y sus aliados quienes, desde el inicio de la emergencia sanitaria, demandaron la implementación de un plan multisectorial. No obstante, advirtió que la asignación al Ministerio de Cultura de cinco millones de soles (cerca un millón y medio de dólares) será insuficientes. “Si de acuerdo al Censo del 2017, en el Perú somos casi 6 millones de personas que nos autoidentificamos indígenas, ¿cómo esperamos que este dinero no sea absorbido por la burocracia y logre un impacto real para asegurar la vida de nuestros pueblos?”, cuestionó.
Rivera recordó además que cerca del 23% de estas personas indígenas se encuentra en el departamento de Lima. Son más de un millón y medio de indígenas solo en la capital del Perú a las cuales vimos desplazarse a pie de vuelta a sus regiones o padecer el confinamiento en las zonas periurbanas más afectadas. Sin embargo, “la ubicación y distribución de los indígenas urbanos aún no están presentes en las bases de datos o mapas del Ministerio de Cultura. ¿Cómo se logrará llegar a ellos?”, señaló.
Igualmente, señaló que si bien el decreto legislativo garantiza la participación y coordinación con los pueblos indígenas, su rol se relega a identificar beneficiarios entre sus comunidades y no a definir estrategias. “Los pueblos indígenas tenemos el derecho a participar desde el diseño, hacia la implementación y constante evaluación de cualquier medida, programa o ley que afecte nuestras vidas”, recordó.
Por otra parte, si bien el decreto hace mención de la coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales para asegurar la protección y atención de los pueblos indígenas, no se explicita el modo de aplicar las medidas de forma descentralizada o el nivel de coordinación que presidentes regionales y alcaldes debería tener con las organizaciones y comunidades indígenas. Ello, a fin de asegurar no solo su derecho a la consulta previa, sino también el éxito de la estrategia.
Estas demandas se suman a los cuestionamientos realizados por las organizaciones indígenas y a sus aliados, quienes han hecho pública su disconformidad y demandan mayor inherencia indígena en la implementación de la estrategia multisectorial. Sin embargo, para Rivera Zea la aprobación de esta medida representa la oportunidad de analizar y destinar fondos apropiados a futuro. “Teniendo en cuenta las postergaciones en las que se encuentran las comunidades indígenas andinas y amazónicas, tenemos que mirar hacia adelante a partir de esta terrible confrontación con las carencias”, concluyó.
