El Decreto Legislativo N° 1353, emitido recientemente por el Gobierno del Perú, significa un grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública, denuncia un pronunciamiento suscrito por 46 organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, culturales, defensoras de las libertades de expresión y de los pueblos indígenas, entre ellas CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú.

El pronunciamiento, dirigido al presidente Pedro Pablo Kuczynski, sostiene que la “Autoridad Nacional de Transparencia” creada por el decreto es solamente una oficina dentro del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para fiscalizar y sancionar a toda la administración pública. Por ello, carece de la capacidad y la jerarquía para sobreponerse a las entidades públicas que se nieguen a entregar su información a la ciudadanía.

Además, el decreto instaura un Tribunal Administrativo paralelo para resolver reclamos por falta de acceso a la información pública, que tampoco cuenta con atribuciones para acceder a información clasificada como reservada, confidencial o secreta por las entidades públicas.

El decreto legislativo también permite a cada entidad pública fijar el plazo de respuesta a las solicitudes de información pública. Un análisis realizado por Aída Gamboa de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales señala que la actual Ley de Transparencia indicaba un plazo de 7 días útiles y una prórroga máxima de 5 días.

“El Decreto Legislativo N° 1353 deja en una situación de indefensión a la ciudadanía en el campo de las libertades informativas, pilares de toda sociedad democrática. Por ello, demandamos al Poder Ejecutivo una pronta rectificación, presentando a la brevedad ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que derogue el citado Decreto Legislativo y permita crear una real Autoridad Autónoma”, finaliza el pronunciamiento.

Este retroceso en la transparencia pública es significativo para las organizaciones indígenas que ejercen vigilancia sobre el uso de recursos públicos en materias de interculturalidad y medio ambiente, participan en la formulación y ejecución de presupuestos, o realizan otras acciones en ejercicio de su derecho a la libre determinación y la participación plena en la toma de decisiones.

El acceso ciudadano a información pública es un derecho protegido por la Constitución. Se trata de una herramienta indispensable para ejercer la vigilancia sobre los gobiernos locales, regionales y nacionales que emplean recursos provenientes de las actividades extractivas, que muchas veces afectan los territorios indígenas.