Pueblos indígenas demandan participación en el diseño de iniciativas de economía verde, señaló la lideresa Tarcila Rivera Zea.
Estados deberían considerar la cantidad de tierras y recursos que implica la producción de biocombustibles antes de promover su uso, destacó.
La promoción de economías vedes por parte de los Estados debe incluir la participación de los pueblos indígenas en la construcción de políticas y programas que verdaderamente puedan responder a beneficios mutuos. Así lo señaló Tarcila Rivera Zea, lideresa indígena y presidenta de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú.
Rivera participó en un panel de expertos que analizó los costos y beneficios de las economías verdes en los países en desarrollo. El coloquio fue realizado en pasado 25 de Octubre en el Instituto James Baker para Políticas Públicas de la Universidad Rice (en Texas, Estados Unidos) bajo la organización de la Iniciativa para América Latina y el Proyecto Américas.
Este año, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable Rio+20, recordó a la comunidad internacional la necesidad embarcarse en la transición hacia una economía verde. Esta posición dividió las opiniones del movimiento indígena, entre quienes se oponen completamente, calificándola como una forma de mercantilización de la naturaleza; y los que consideran que la hoja de ruta trazada por los Estados es una oportunidad para promover economías diversas y plurales.
La lideresa explicó que para los pueblos indígenas los seres humanos y naturaleza se consideran uno solo, y por lo tanto, ejercen un mutuo servicio. “Esta es una de las principales diferencias en relación al fomento de la economía verde y las oportunidades de crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, y la generación de empleo”, señaló.
Entre los posibles riesgos, Rivera mencionó la depredación de recursos no renovables como el agua, el acaparamiento de grandes extensiones de territorio indígena, y la desaparición de productos nativos como consecuencia de la promoción de monocultivos. Según Rivera, este último atentaría contra la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
“La sociedad civil está luchando por derechos, no solo de las personas, sino los de las próximas generaciones, para que ellas sigan contado con estos recursos. Porque desde un lado vemos una gran oportunidad, pero para un determinado sector, y sobre una determinada posibilidad”, refirió.
La Iniciativa para América Latina tiene como misión convertirse en un foro que promueva un mejor entendimiento sobre las culturas, economías, historias y temas de coyuntura en esta región.
El Proyecto Américas es una iniciativa conjunta de la Organización de los Estados Americanos OEA, el Instituto Baker de la Universidad Rice, y la comunidad empresarial de Houston, cuyo objetivo es reunir líderes emergentes en un coloquio anual para deliberar e intercambiar opiniones y puntos de vista sobre temas prioritarios de la agenda interamericana.
Foto: Infosurhoy.
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