¿De qué maneras el desarrollo económico debe respetar los derechos colectivos de las ‪‎Mujeres Indígenas‬?

Tarcila Rivera Zea, presidenta de CHIRAPAQ, participó en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una plataforma dedicada al seguimiento y revisión de las metas de desarrollo sostenible establecidas en la Agenda 2030. Rivera Zea acudió como representante de los pueblos indígenas al foro “Promoviendo el crecimiento económico, la prosperidad y la sostenibilidad”.

En su intervención, Rivera Zea resaltó la necesidad de promover un crecimiento sostenible, con respeto a los derechos individuales y colectivos, entre ellos, el consentimiento previo informado en cuanto a las acciones e inversiones que afecten sus territorios. Señaló que la voluntad política para implementar medidas de respeto a los derechos debe venir del Estado pero también de las corporaciones.

A continuación, la exposición completa de Tarcila Rivera.

Primero, quisiera decir claramente que estamos hablando en representación de 370 millones de personas indígenas alrededor del mundo.

Si hablamos de prosperidad, permítame compartir que los pueblos indígenas creen no solo en el crecimiento económico basado en los bienes materiales. El crecimiento sostenible tiene como factor fundamental el respeto a los derechos individuales y colectivos. No podemos obviar, en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, sea de una empresa, del Estado o de terceros, el respeto por los derechos de aquellos que poseen estos recursos.

Los derechos colectivos nos dan la oportunidad de participar en un diálogo con el Estado y las corporaciones cuando se trata de inversiones en nuestros territorios.

Los pueblos indígenas, en vez de ver la luz del desarrollo sostenible, vemos a nuestros derechos afectados por las inversiones mineras en el mundo. Debemos decir claramente que no estamos contra el desarrollo económico ni en contra de compartir el conocimiento que nos permite continuar en la historia, pese a las distintas formas de exclusión.

Al respecto, hacemos esfuerzos para que seamos parte de las políticas de inclusión. Creo que falta voluntad política por parte de los Estados, de aquellos que deciden las políticas, pero también de las corporaciones, que tienen propósitos muy específicos en cuanto a la ética sobre el desarrollo de actividades económicas en espacios indígenas. Las corporaciones también deberían pedir a los Estados un mecanismo donde los pueblos indígenas podamos ver implementados dos instrumentos importantes que fueron adoptados en las Naciones Unidas: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas que reconoce nuestro derecho al consentimiento previo informado.

En esa línea, creemos que podemos lograr acceso a mejores condiciones para el diálogo y la participación en nuestros países.