Consentimiento previo, libre e informado es una condición sin la cual no podremos aspirar a reducir la conflictividad social, señaló activista indígena.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas subraya este año la importancia de honrar los acuerdos establecidos entre los Estados y los pueblos indígenas.

Por Tarcila Rivera Zea. Activista indígena y presidenta de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú.

De no cumplirse el principio del consentimiento libre, previo e informado el Perú pondría en riesgo el 39% de los recursos renovables y el 20% del agua dulce de todo el planeta que existen hoy en territorios indígenas. No tener el control sobre sus tierras significa, para los pueblos indígenas, no ser capaces de proteger esta riqueza natural, de la cual vivimos, y que encierra toda nuestra cultura y saber ancestral.

El derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado ha sido reconocido por las Naciones Unidas en una serie de convenios y declaraciones. Asimismo, por el marco internacional de derechos humanos y la legislación interna de los propios Estados, como en el caso del Perú.

No obstante, el acceso, propiedad y autoridad sobre el uso de estos recursos sigue siendo un tema polémico. Los cuestionamientos se basan en una cuestión de poder. El primero, sobre el por qué deben ser los indígenas quienes decidan sobre algo que pertenecería a todos los ciudadanos y ciudadanas.

Los pueblos indígenas no solo tenemos el derecho a decidir libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural, sino que somos muy consientes del impacto ambiental que la sobre explotación del medio ambiente tiene sobre nuestras tierras, la salud y el futuro de nuestros pueblos.

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Michigan de Estados Unidos, comprobó que los pueblos indígenas se desempeñan mejor que cualquier agencia del Estado en la prevención de la deforestación. Así, a través de nuestra profunda relación con la tierra, los pueblos indígenas hemos logrado preservar un medio ambiente sostenible para las futuras generaciones.

El segundo, descansa en el temor de que el ejercicio del consentimiento libre, previo e informado ahuyentaría las inversiones y pondría en peligro nuestro crecimiento económico.

De acuerdo a los principios rectores, concebidos en el seno de las Naciones Unidas, las empresas deben velar por las consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos de las personas. Ello, especialmente en el caso de los pueblos indígenas, no solo por accionar en su territorio sino por ser poblaciones expuestas a un mayor riesgo de vulnerabilidad y marginación económica y social.

Una empresa que verdaderamente apunta al desarrollo de nuestro país no puede obviar dichos principios. Y un Estado que vele por la integridad de todos sus ciudadanos y ciudadanas debe asegurar el ejercicio de estos derechos.

Este 09 de Agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El tema de este año busca subrayar la importancia de honrar los acuerdos establecidos entre los Estados, sus ciudadanos y los pueblos indígenas, como el Convenio Nro. 169 de la OIT y otros consignados en el derecho internacional.

Al suscribir la Ley de Consulta Previa en 2011, el presidente Ollanta Humala declaró que esta daría voz a las comunidades indígenas del país y fomentaría la paz social.

Sin embargo, su proceso de reglamentación aún no concluye, y ha sido duramente criticado por numerosas organizaciones indígenas por no respetar los principios establecidos en el Convenio Nro. 169 de la OIT. Entre ellos, la identificación de quien es indígena, la acción coordinada con los representantes de dichos pueblos y sus procedimientos.

Para la ONU, el que los Estados reconozcan el derecho de los pueblos indígenas a la defensa de su territorio ayudaría a establecer un marco de convivencia y de relación pacífica y productiva entre indígenas y no indígenas.

Asimismo, contribuiría a la construcción de sociedades que garanticen la preservación del medio ambiente en reconocimiento de la relación espiritual, cultural e histórica única entre los pueblos indígenas y sus tierras y recursos naturales.

El consentimiento previo, libre e informado se convierte así en una condición sin la cual no podremos aspirar a reducir la conflictividad social, alcanzar un pleno desarrollo e inclusión para todos e implementar un uso sostenible de los recursos naturales para asegurar el bienestar de las generaciones por venir.

Tarcila Rivea Zea es presidenta de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Es una activista indígena reconocida a nivel mundial. Entre sus logros destacan la fundación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI, redes que impulsan el liderazgo y la participación política de millones de mujeres indígenas alrededor del globo. En 2011 recibió el Premio Visionario otorgado por la Fundación Ford por su liderazgo, visión extraordinaria y valeroso trabajo por los derechos de las mujeres indígenas. En 2012 fue designada por Michele Bachelet como miembro del grupo asesor internacional de ONU Mujeres.

Foto: Niños yanesha en un día de pesca.