Lideresa indígena, Tarcila Rivera Zea, instó a empresas a respetar los derechos humanos, seguir normas de responsabilidad ambiental y emplear el uso de tecnologías limpias.

Señaló que es responsabilidad del Estado el prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por las industrias extractivas.

Tarcila Rivera Zea, presidenta de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, exigió públicamente a Pluspetrol el iniciar las labores de limpieza sobre el desastre ecológico ocasionado en Loreto y reparar económicamente a los pueblos indígenas afectados por dichas acciones.

La demanda se realizó ante la reciente denuncia, de parte de los pueblos habitantes de la cuenca del Datem del Marañón, sobre derrames de petróleo ocasionados por esta compañía que han contaminado los suelos, aguas y biodiversidad de sus comunidades.

La lideresa indígena expresó que la construcción del desarrollo debe tomar en cuenta las voces de los pueblos y mujeres indígenas. “Existen dos visiones en conflicto. Para las empresas la tierra y sus entrañas es un medio para obtener rentas, para los pueblos indígenas es la fuente de nuestra existencia”, expresó.

No obstante, advirtió que existe un punto de interés común entre ambas. “Si no se manejan los recursos naturales de forma sostenible, a largo plazo representa una pérdida para todos, tanto para la empresa como para la población indígena, para el país y las futuras generaciones”.

Rivera, también coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA, recordó a los directivos de Pluspetrol que de acuerdo a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, suscrito por Naciones Unidas, estas deben respetar los derechos humanos y derechos específicos de los pueblos indígenas.

Entre ellos, “la conservación y protección del medio ambiente, el restablecimiento de su salud en caso de ser afectados por materiales peligrosos y por supuesto, el asegurarse de que haya obtención del consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos”, explicó.

También dijo que, de acuerdo a esta directiva, es obligación del Estado peruano el prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados.

Asimismo, recordó que el año pasado, la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que aproximadamente 370 millones de indígenas en todo el mundo han perdido o están en peligro inminente de perder, sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales a causa de la explotación desleal e injusta en aras del desarrollo.

“Lo ocurrido en Loreto se repite también en países del primer mundo, como Canadá, donde los pueblos indígenas se han levantado para exigir evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, antes de permitir el desarrollo de cualquier actividad extractiva en territorios indígenas”, indicó.

Rivera Zea saludo la actitud del Ministerio del Medioambiente, que demandó a la petrolera argentina el rehabilitar la zona contaminada y anunció futuras visitas de inspección. Ella pidió a este ente del Estado el valerse de todos los recursos posibles para exigir una reparación del daño causado.

Igualmente, instó al Ministerio de Energía y Minas a tener la misma celeridad para pronunciarse frente al caso. También al Estado peruano, y al Viceministerio de Cultura, a hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la consulta a los pueblos indígenas.

“No deberíamos esperar a tener una reglamentación para que el Estado permita a los pueblos indígenas ejercer su derecho al consentimiento libre, previo e informado ni leyes especiales para que las empresas cumplan con su responsabilidad con el medio ambiente y los seres humanos. Salen a la luz dos problemas. El Estado tiene dificultades para entender a quienes aplica el convenio y no lo admite o simplemente no tiene voluntad política de hacerlo por el temor a reducir nuestros índices de crecimiento económico», examinó.

Al mismo tiempo, en Pasco, indígenas asháninkas secuestraron a dos guardaparques acusados de permitir la invasión de casi cien mineros informales. De acuerdo a Rivera Zea, si bien no justifica ningún acto de violencia o que restrinja el derecho a la libertad de una persona, indicó que reacciones como esta son naturales ante la falta de regulación de parte del Estado.

“No es que los pueblos indígenas tomemos la justicia por nuestras propias manos. Si bien existen formas de castigo en la justicia tradicional que son cuestionadas, estas tienen el espíritu de hacer valer la autoridad de la comunidad sobre lo que ocurre en sus territorios y a su gente. En este caso es una forma de denuncia también frente a las amenazas de desplazamiento recibidas por quienes deben ayudarlos a proteger el bosque”.

Rivera Zea manifestó que la defensa de la tierra y el territorio es el derecho y la prioridad más importante para las mujeres y los pueblos indígenas. “Quisiéramos que en el Perú, se entienda también que la defensa de los recursos naturales no es solo para un sector, es en beneficio del país, y por lo tanto, todas y todos tenemos la obligación de defenderlos”, concluyó.

Tarcila Rivera Zea es además fundadora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI y miembro del grupo asesor internacional de ONU Mujeres.

Foto: Aurelio Chino.