Mientras que los Estados acuerdan como gastar los más de 160 millones de dólares destinados al Fondo Verde para el Clima, líderes indígenas de América Latina, África y Asia, reunidos en la COP21, demandan tener acceso igualitario a este mecanismo financiero.
El Fondo Verde para el Clima o GCF (por sus siglas en inglés) es un sistema de subvenciones adscrito a las Naciones Unidas, destinado a países en vías de desarrollo, cuyo propósito es financiar proyectos y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.
El GFC canaliza el dinero a través de organismos acreditados -públicos y privados-en cada país. En el caso del Perú, esta facultad es ejercida por PROFONANPE, el Fondo de Promoción de Áreas Protegidas.
Pese a ser considerado hoy uno de los principales logros en la lucha para enfrentar este problema mundial, los miembros de la Alianza Global de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático, los Bosques y el Desarrollo Sostenible, señalan que la posibilidades que tienen sus pueblos de acceder a estos fondos es virtualmente imposible.
La red está integrada por diecisiete organizaciones indígenas de trece países de América Latina, África y Asia y sus delegados se encuentran en París, participando en la conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas, COP21.
Durante un evento paralelo, realizado el martes último en el recinto oficial de Le Bourget, sus miembros exigieron que este mecanismo abra una ventada de oportunidad a los pueblos indígenas a fin de que puedan desarrollar e innovar sus propias tecnologías y sistemas de conocimiento tradicionales para enfrentar el cambio climático.
«Contrario a lo que ocurre con otras agencias de la ONU, y del sistema de derechos humanos a nivel global, los pueblos indígenas hemos perdido nuestro estatus como observadores en el consejo directivo de GCF», explicó Kimaren Ole Riamit, director de la asociación ILEPA de Kenia. Asimismo, calificó la primera ronda de proyectos aprobada por el GCF -a inicios de noviembre-como «débil en su interpretación, aplicación y desempeño de estándares que protejan a los pueblos indígenas».
Esta percepción fue ratificada por la relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quién señaló que el mecanismo actual del GCF no cuenta con ninguna ventada de oportunidad para los pueblos indígenas. «Sería imposible para nosotros el solicitar 50 millones de dólares. A lo sumo podríamos hablar de 500 mil . Este es el tipo de límites que manejamos los pueblos indígenas. Pero el acceso a fondos pequeños no forman parte del enfoque con el que se maneja el fondo», comentó.
Por su parte, la lideresa peruana Tarcila Rivera Zea, presidenta de la asociación CHIRAPAQ, señaló que el invertir en iniciativas en donde las mujeres indígenas utilicen los recursos de la naturaleza, accedan a un mercado justo y aseguren un ingreso sostenible, es una de las mejores alternativas en un contexto en donde el cambio climático reduce sus posibilidades de vida.
Rivera destacó como ejemplo, los esfuerzos de las mujeres Yánesha de la Selva Central del Perú, en la elaboración de artesanías y prendas de vestir, producidas con algodón nativo y teñidas con tinten obtenidos del bosque. Asimismo, el arduo trabajo de las familias Quechuas en la Sierra Sur de este país para preservar más de 115 variedades de papas nativas y asegurar la seguridad alimentaria de sus pueblos.
La sesión cerró con una invocación para que el GCF garantice la consulta a los pueblos indígenas en relación al destino de los fondos y de las entidades responsables de administrarlos a nivel de país.
Strengthening Indigenous Peoples’ Adaptation and Mitigation Strategies
Demonstrating Indigenous Peoples’ Self-Determined Development by Centro de Culturas Indígenas del Perú
Indigenous Women and the Green Climate Fund by Centro de Culturas Indígenas del Perú
