En el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), que se lleva a cabo en Marrakech, el Fondo Verde para el Clima (GCF) presentó ayer los avances logrados para apoyar la creación de programas y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en países en vías de desarrollo. A la fecha, 57 países han recibido 16 millones de dólares en subsidios para la protección de los bosques.

No obstante, los pueblos indígenas, habitantes de estos ecosistemas, demandan el acceso equitativo a estos fondos, que al día de hoy, solo pueden ser otorgados a organizaciones acreditadas en estos países. Los pueblos indígenas han sido relegados a participar como observadores en las reuniones que periódicamente sostiene el Fondo Verde, pero esperan lograr aún más.

Mientras el Fondo Verde conducía esta sesión en la sede oficial de la COP, a las afueras de la ciudad de Marrakech líderes indígenas de 20 países de Asia, África y América Latina se dieron cita en un diálogo organizado por la asociación Tebtebba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para analizar las brechas en el acceso a estos fondos.

“Nuestra preocupación nace de nuestra experiencia previa con los fondos multilaterales, donde los pueblos indígenas siempre hemos sido relegados”, explicó la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. La relatora señaló haber recogido incontables llamadas que expresan la preocupación de los pueblos indígenas para que los proyectos desarrollados con este fondo no interfieran con su manejo tradicional del bosque.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que un indígena integre el Consejo Directivo del Fondo Verde, Juan Chang, representante de este organismo señaló que esa era “una decisión que tendría que ser adoptada por sus miembros”. El pasado octubre, Howard Bamsey fue nombrado director ejecutivo de la Secretaría del Fondo Verde para el Clima. Los pueblos indígenas, presentes en la COP22, esperan que bajo esta nueva administración se abra una oportunidad para que sus comunidades tengan una mayor influencia sobre el destino y uso de este dinero.

El Fondo Verde y la consulta previa

El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) ha sido una de las primeras organizaciones acreditadas en recibir aportes del Fondo Verde. El proyecto tiene como fin la conservación y manejo de humedales con la participación de los pueblos indígenas en la provincia de Loreto.

Su implementación ha despertado una controversia internacional sobre la capacidad del Fondo Verde para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado y a la protección de sus territorios tradicionales, luego de que la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) rechazará públicamente la implementación del proyecto en su territorio. La protesta de FENAP fue acallada por manifestaciones de apoyo por parte de otras organizaciones indígenas, que venían en la implementación del proyecto una oportunidad de desarrollo para sus comunidades.

De acuerdo al politólogo, Francesco Martone, el cuestionamiento de la propia Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), a la designación de PROFONAMPE como entidad acreditada, y la de la decisión de la Secretaría del Fondo a seguir adelante con el proyecto, demuestran que “no existe un compromiso real para asegurar la consulta previa”.

Demandas de participación

Entre las recomendaciones expresadas por los pueblos indígenas en esta cita figuran, la adopción de los estándares internacionales de derechos indígenas en las políticas de manejo del Fondo Verde, particularmente los referidos a la consulta previa, libre e informada en cualquier proyecto relevante que se conduzca en territorios indígenas.

Asimismo, el desarrollar y adoptar criterios estrictos para asegurar la participación efectiva, consulta y participación de los pueblos indígenas en las actividades del Fondo Verde a nivel nacional, tanto en las autoridades nacionales designadas para la asignación de fondos como con las entidades a implementar los proyectos.

Finalmente, el otorgar el estatus de observador activo a los representantes de los pueblos indígenas dentro del Fondo Verde.

Tal como lo señaló la lideresa peruana Tarcila Rivera Zea, presidenta de CHIRAPAQ, “Hemos analizado el proceso del Fondo Verde en América Latina y vemos que se trata de una cuestión de respeto. Respeto a quiénes somos, a nuestro conocimiento tradicional y nuestros territorios”.