En el Perú entre el 2019 y parte del 2020, se registraron 754 casos de violencia sexual en niñas entre los 10 y 14 años de edad, revela un reciente reporte sobre el embarazo infantil forzado publicado por la asociación CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú. 

A través de la revisión de datos estadísticos y entrevistas a mujeres y jóvenes indígenas CHIRAPAQ estimó que en 2020 cerca de 30 niñas indígenas al mes fueron víctimas de violación, acoso o explotación sexual. Asimismo, el reporte señala que cada día 1 niña indígena de 10 a 14 años, en zona rural, es forzada a ser madre. 

La denuncia de estos casos es casi imposible debido a la lejanía geográfica de los servicios públicos especializados, los gastos que deben asumir las familias en busca de justicia y la percepción de un trato descortés y cuestionador a la víctima por parte de los agentes del Estado. Así lo afirmó la activista indígena Tarcila Rivera Zea, presidenta de CHIRAPAQ.  

“Que el agresor sea usualmente un familiar, un maestro o una persona cercana a la víctima o a la comunidad hace aún más difícil el animarse a denunciar”, explica Rivera Zea. “A esto le sumamos el que las niñas indígenas son vistas como objetos sexuales destinadas a servir al hombre y al hogar en lugares donde la maternidad temprana es vista como algo normal, situación que debe cambiar», explicó.

La pandemia por coronavirus conlleva al encierro de muchas niñas indígenas con sus agresores. La Defensoría del Pueblo y otras instancias denunciaron el aumento de casos de violencia durante el confinamiento. “Los Centros de Emergencia Mujer y las escuelas son las primeras instancias en donde se detecta la violencia sexual contra las niñas indígenas y su cierre debido a una nueva inmovilización forzada significaría que la mayoría de estos casos no serán denunciados”, señaló.

El reporte recomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que las acciones de prevención y atención de la violencia consideren a las niñas indígenas desde los 10 años de edad. Al Ministerio de Educación, el separar inmediatamente a docentes denunciados, y brindar recursos financieros a las UGEL para que procedan con la investigación y denuncia ante la fiscalía. Al gobierno central, la creación de una base de datos única que incluya la identificación étnica, género, edad y lugar de residencia de las víctimas, a fin de poder orientar acciones más efectivas de protección, en especial para la niñez.

CHIRAPAQ enfatizó también la necesidad de que los gobiernos regionales incorporen la problemática de embarazo infantil como tema de agenda, incrementando la asignación de presupuesto para servicios de prevención, atención en salud y denuncia de violencia sexual dirigidos a la población indígena y las niñas andinas y amazónicas en particular. 

El reporte, que abarcó las regiones de Ayacucho, Junín, Pasco, Puno y Ucayali, tiene como propósito contribuir a visibilizar la violencia sexual y embarazo forzado entre la niñez y la juventud indígena. Igualmente, el brindar herramientas y orientaciones para prevenir, reducir y atender estos casos con respeto hacia las culturas indígenas y consideración frente a las circunstancias de vida particulares de sus pueblos.

Desde hace tres años CHIRAPAQ, en alianza con la Federación de Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA), la Red Ñuqanchik Maronijei, Noshaninka, la Organización Wayna Wila-UJIA Unión de Jóvenes Indígenas Aymaras, y otras comunidades indígenas, trabajan de forma conjunta para que sus jóvenes miembros puedan alzar sus voces contra la violencia sexual y la maternidad temprana entre la niñez y la juventud indígena.

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, es una asociación indígena con estatus consultivo ante la ONU que, desde hace 35 años trabaja por la afirmación de la identidad cultural y el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y culturas, con un compromiso especial para con la niñez, la juventud y las mujeres indígenas.