La expansión de las industrias extractivas y la agroindustria han convertido a América Latina en la región más peligrosa para las defensoras y los defensores indígenas de los derechos territoriales y de la Madre Tierra, advirtió Tarcila Rivera Zea, experta integrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas y vicepresidenta de CHIRAPAQ.

“No podemos hablar de avances en materia de población y desarrollo, si las personas que defienden los derechos fundamentales para la supervivencia y el bienestar de nuestros pueblos y el planeta sufren criminalización, amenazas, hostigamiento e, incluso, violencia sexual y asesinatos”, expresó la activista indígena quechua, en el contexto de la Tercera Conferencia Regional de Población y Desarrollo organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En esa línea, señaló que los Estados deben adoptar políticas y programas integrales para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos y derechos territoriales, como condición mínima para avanzar al reconocimiento de todos los demás derechos.

Rivera Zea convocó a los pueblos indígenas y a la sociedad civil a promover la implementación del Consenso de Montevideo, el mayor acuerdo regional sobre temas de población y desarrollo, para traducir los compromisos asumidos en políticas de Estado a favor de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas.

Sin embargo, alertó que los avances reportados por los Estados en torno al Consenso siguen siendo incipientes e insuficientes, y no cuentan con información acerca de los avances en aspectos como la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas.

“Salvo algunas menciones puntuales, las alrededor de 25 millones de mujeres indígenas de la región estamos invisibles en los informes y son todavía más escasas las referencias a las medidas adoptadas para responder a la situación particular de la niñez y la juventud indígena o las personas mayores indígenas”, dijo Tarcila Rivera Zea.

Finalmente, indicó que la implementación del Consenso de Montevideo, tomando en cuenta las necesidades de aquellos grupos poblacionales que enfrentan mayores condiciones de exclusión, contribuirá directamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, basados en la promesa de “no dejar a nadie atrás”.

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