Vivir libre de cualquier tipo de violencia es un derecho humano fundamental, y a la vez una deuda permanente para miles de mujeres, jóvenes y niñas en el Perú.
Hasta abril del 2022 se registraron más de 6 mil casos de violencia contra las mujeres, de los cuales cerca de 3 mil son abusos sexuales, según datos del Ministerio de la Mujer.
Esta es una problemática que, además, desencadena en los más de 231 embarazos adolescentes reportados durante el primer trimestre de este año. Una cifra que ha aumentado en un 33% en comparación al 2021, de acuerdo a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
Frente a esta situación jóvenes indígenas de 20 organizaciones de Ayacucho, Lima, Pasco, Puno, Cajamarca, Loreto, Junín y Lambayeque se reunieron en el Primer Encuentro Nacional “Juventudes Diversas por Nuestros Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” el pasado 26 y 27 de mayo, organizado por las jóvenes voceras del proceso formativo en derechos sexuales y reproductivos impartido por CHIRAPAQ-Centro de Culturas Indígenas del Perú.
Tal como lo narra una de las participantes, la reunión sirvió como canal articulador para que las y los jóvenes de todo el país planteen demandas, desde sus propias voces, sobre la garantía de servicios de salud y educación dignos y de calidad: “Ha sido un espacio para reflexionar y compartir experiencias entre jóvenes diversos del Perú y saber las problemáticas comunes que nos afecta por igual para hacer incidencia con las autoridades en la erradicación y prevención de las violencias que pasamos”.
El intercambio de testimonios del espacio alertó, una vez más, sobre la doble situación de vulnerabilidad en la que viven las jóvenes por las violencias a las que están expuestas por su edad y por su condición de mujeres: 16 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual a diario.
La realidad es mucho más grave para la juventud indígena. Se suman las brechas por su ubicación geográfica, etnia, idioma y condición de pobreza. Se identificaron 1 854 casos de abuso sexual a mujeres indígenas durante el 2019, cuyo porcentaje es mayor entre las adolescentes de 8 a 22 años, según el Reporte Nacional sobre violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas realizado por CHIRAPAQ (2021).
Como parte de las propuestas para atender y prevenir la violencia sexual y, por consecuencia, el embarazo adolescente, las y los jóvenes organizados, a través de la declaratoria nacional, exigen:
*Al Ministerio de Salud: La implementación de la atención integral en salud sexual y reproductiva bilingüe, con trato amable, cálido, respetando nuestras culturas, con información diferenciada y contextualizada a nuestras necesidades y vivencias, cumpliendo con el principio de confidencialidad y fortaleciendo las capacitaciones al personal médico para la intervención intercultural.
*Al Ministerio de Educación: Garantizar la educación sexual integral en las escuelas poniendo especial énfasis en la pertinencia cultural; fortalecer competencias en las y los estudiantes para identificar y reaccionar frente a las violencias y brindar información sobre los lugares a los que recurrir en casos de violencia sexual. De igual forma, formular estrategias para identificar casos de embarazo adolescente y así evitar deserción escolar.
En ese sentido, es relevante señalar que aplicar e implementar el enfoque intercultural en la formulación de los lineamientos y políticas públicas es una responsabilidad y compromiso del Estado, sobre ello el Proyecto de Ley N 904 es un grave retroceso en la construcción y fortalecimiento de la diversidad cultural y el rol directriz del Ministerio de Educación, cuyos programas y servicios se vienen construyendo de acuerdo a un Estado laico, democrático y que debe responder a una realidad compleja y plural.
