Dos expertos de derechos humanos de la ONU solicitaron al Perú detener la licitación del Lote 192 a fin de evitar un nuevo desastre medioambiental.
La renovación de la licencia de un territorio muy contaminado en la región de Loreto, Perú, solo perpetuaría y agravaría las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la salud, la alimentación y el agua, señalaron hoy dos expertos de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y los residuos tóxicos.
La advertencia de los expertos en derechos humanos de la ONU se produce después de la decisión del gobierno peruano para licitar el Lote 192 (ex-1AB) el pasado 15 de diciembre, pese a un acuerdo firmado entre la empresa petrolera estatal Petroperú y las comunidades indígenas para limpiar la tierra y el agua contaminadas por cuarenta y cuatro años de derrames de petróleo.
«Mientras el mundo mira a París tras la celebración de la COP20 sobre el Cambio Climático, el gobierno peruano debe hacer más para proteger a sus ciudadanos de los daños al medio ambiente y evitar repetir las emergencias ambientales que afectan a los indígenas, incluidos los pueblos Quechua, Kichwas, Kukamas y Urarinas «, indicó la nueva Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz.
«Perú debe adoptar medidas para remediar estas situaciones y para proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos y a asegurar la obtención de su consentimiento libre, previo e informado», destacó Tauli Corpuz.
La experta recordó las recomendaciones hechas en 2013 por el anterior Relator Especial de la ONU sobre los pueblos indígenas después de su primera visita al Perú.
En 2013 y 2014, el Gobierno peruano declaró una emergencia ambiental y de salud en la región Loreto luego de que se reportara que barriles de petróleo fueron derramados en esta área, contaminando los lagos y ríos de la región.
Estudios oficiales recientes muestran altos niveles de bario, cromo, mercurio, plomo, hidrocarburos totales de petróleo (también conocidos como TPH / THP) y otros contaminantes en el agua y el suelo, así como aluminio, manganeso, arsénico, y acidez del agua.
Según el Ministerio de Salud del Perú, el 98% de los niños en las comunidades afectadas supera los niveles admisibles de metales tóxicos en la sangre. La contaminación de las fuentes de alimentos y de agua también ha dado lugar a graves problemas de salud.
«Las empresas extractivas de petróleo en esta región han dejado atrás un desastre tóxico con desprecio por los derechos de las comunidades afectadas y las leyes de Perú», señaló el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las sustancias tóxicas, Baskut Tuncak.
«Perú tiene la obligación de limpiar el tóxico derramado a fin de proteger los derechos de las personas en la región, y sancionar a las empresas responsables de su falta de respeto a los derechos humanos, antes de volver a licitar este lote y agravar esta situación», indicó Tuncak.
Los pueblos indígenas afectados han solicitado la suspensión de todas las nuevas licitaciones hasta que se cumplan ciertos requisitos, incluyendo la restauración de las tierras y aguas y la reparación de los daños causados; la titulación de sus territorios; un proceso de consulta; la participación de las comunidades en la vigilancia del medio ambiente; y el aplicar las sanciones correspondientes a los responsables por los daños y perjuicios.
Fuente: ONU / Traducción: CHIRAPAQ / Foto: Verónika Mendoza.
