Tratados internacionales de libre comercio deberían ser consultados con los pueblos indígenas, señala la ONU.

«La aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado a los acuerdos de inversión y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos indígenas en las disposiciones de dichos acuerdos y evitar futuros abusos contra sus derechos humanos», señaló Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en un informe presentando el pasado Agosto ante la Asamblea General de la ONU.

«Solo los representantes de los gobiernos nacionales negocian, redactan y pactan los acuerdos de inversión, que a menudo se elaboran en estricta privacidad», explicó. La Relatora Especial señaló no tener constancia alguna de que los representantes de los pueblos indígenas o los funcionarios de los sistemas reconocidos de autogobierno indígena hayan sido invitados a participar en la negociación y redacción formales de los acuerdos de libre comercio e inversión que les afectarán directamente.

«Dado que dichos acuerdos son formalmente vinculantes en todos los niveles de gobierno y que muchos proyectos de inversión tienen un gran impacto sobre los pueblos indígenas, esa situación es, por sí sola, una violación de los derechos de consentimiento libre, previo e informado, participación, consulta y libre determinación», concluyó.

La Relatora Especial sostiene que las cláusulas de inversión de los acuerdos de libre comercio y de los tratados bilaterales y multilaterales de inversión, tal y como se conciben y se aplican actualmente, afectan negativamente, de forma real y potencial, a los derechos de los pueblos indígenas, en particular a sus derechos a la libre determinación, a sus tierras, territorios y recursos, a la participación y al consentimiento libre, previo e informado.

El informe pone de relieve el análisis de la Relatora Especial sobre los aspectos injustos del actual sistema de gobernanza económica y financiera mundial y sobre la limitación de la capacidad de protección de los Estados y los sistemas de gobernanza local.

Analiza el modo en que los pueblos indígenas, que se encuentran entre los más marginados del mundo, sufren de manera desproporcionada las consecuencias de un sistema que contiene desequilibrios entre el ejercicio de los derechos de las sociedades inversoras y el ejercicio de los derechos humanos.

El informe concluye que, para garantizar el respeto, la protección y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, es preciso realizar un examen más exhaustivo de las repercusiones de los acuerdos internacionales de inversión y de libre comercio y emprender reformas más profundas de las políticas y los sistemas.

Foto:americaeconomia.com

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