Bajo el lema “El Futuro que Queremos” los Jefes de Estado y de gobierno y los representantes de alto nivel, reunidos en Río+20, suscribieron su visión común frente al desarrollo sostenible.

Las demandas de los pueblos indígenas fueron acogidas parcialmente pero las proyecciones de lo adoptado pueden ser utilizadas estratégicamente en la construcción de futuras políticas.

El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, no incluyó la propuesta de los pueblos indígenas de que la cultura sea considerada como un cuarto pilar del desarrollo sostenible, junto con la dimensión ecológica, económica y social. No obstante, si reconoció (en su Artículo 49), la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible a todo nivel.

El término “Madre Tierra”, comprendido el las legislaciones de países como Bolivia y promovido por la Alianza Bolivariana para Los pueblos de Nuestra América ALBA, fue aceptado como expresión colectiva de los pueblos. Este hecho ha sido calificado como un triunfo de los países impulsores en el camino para que los “derechos de la Madre Tierra” tengan el mismo nivel que los derechos humanos. El texto final además señala que el promover la armonía con la naturaleza es una condición para “lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras” (Artículo 39, 41).

También se reconoció, (en el Artículo 52), a varias de las formas de sustento tradicionales de los pueblos indígenas como contribuciones al desarrollo sostenible. Entre ellos, la pequeña agricultura, la pesca artesanal, el pastoreo y la silvicultura, por ser actividades ecológicas que mejoran la seguridad alimentaria y promueven el crecimiento económico sostenible. Esta afirmación corrobora que el modelo de desarrollo indígena es totalmente vigente y una solución viable para afrontar los impactos del cambio climático.

Con respecto a la “economía verde”, vista por algunos como una nueva forma de colonialismo que pretende tan solo adjudicarle valor económico a la naturaleza y por otros como una herramienta importante para la erradicación de la pobreza, los Estados concluyeron que esta deberá enfocarse en mejorar el bienestar de los pueblos indígenas y sus comunidades con respeto a su patrimonio cultural, prácticas y sus conocimientos tradicionales (Artículo 58, j).

Sobre las mujeres indígenas en zonas rurales se busca apoyar su empoderamiento como “agentes fundamentales para mejorar el desarrollo agrícola y rural y la seguridad alimentaria y la nutrición” (Artículo 109).

Finalmente, el texto reafirmó el compromiso de los Estados para asegurar el derecho humano al agua potable (Artículo 121) y a la seguridad alimentaria (Artículo 108), ambos problemas fundamentales y bandera de lucha de nuestros pueblos.

Foto: Naciones Unidas/Mark Garten.