Una secuela de eventos “desafortunados”, que se iniciaron al otro lado del mundo con una erupción volcánica submarina y siguieron con vacíos y negligencias en el sistema nacional de alerta de tsunamis y la carencia real de respuesta a emergencias marítimas de parte de la empresa petrolera REPSOL, terminaron por causar uno de los mayores desastres ecológicos en nuestro mar frente al distrito de Ventanilla, sede de la refinería de petróleo de la misma empresa y las únicas muertes en este continente a causa de la erupción volcánica en Oceanía: 2 mujeres en Lambayeque.
Pasada una semana delirante, en donde al mejor estilo de buscarle eufemismos a los problemas, de evadir responsabilidades evidentes y de buscar minimizar el alcance del desastre por parte de algunos sectores de la prensa y opinión pública, así como del calculado silencio de las agrupaciones políticas, del empresariado vinculado al turismo y la gastronomía y de los gremios y agrupaciones empresariales en general, lo que nos queda es un desnudo sistema de protección al medio ambiente, que se ha hecho evidente frente a nuestras narices, o mejor dicho frente a nuestras costas, pero que es situación recurrente en nuestra Amazonía y otras partes de nuestro país.
Como señaló una conocida periodista, esto “no es el Exxon Valdez” (con la clara intención de restarle importancia al problema comparándolo con el desastre de 1989 ocasionado por el mencionado navío en las costas de Alaska) y no, no es comparable con el Exxon, ya que en esa ocasión, pese a la mayor magnitud del derrame, las acciones fueron inmediatas, ensayándose diversos métodos que permitieron contener el derrame. Nada de eso se puede comparar con lo ocurrido en Ventanilla, centrada en el intento de reclutar mano de obra barata y teniendo por únicos y sofisticados implementos a las carretillas y recogedores de latón. Además, en el caso del Exxon Valdez se siguió un juicio que determinó el pago de una millonaria indemnización por los daños medioambientales y sociales producidos ¿ocurrirá algo parecido en nuestro país? Por las diversas experiencias de derrames en la Amazonía parece que no.
Resulta lamentable el oportunismo político y la evasión de responsabilidades, dentro de un problema en el cual intervienen múltiples responsabilidades:
a. De parte del Estado, en su rol de garantizar y hacer efectivo un marco normativo de protección al medio ambiente, ejerciendo vigilancia y verificando que sus propios mecanismos de gobierno y control en materia medioambiental y las empresas privadas cumplan con los estándares nacionales e internacionales a los cuales estamos comprometidos por los tratados y convenios internacionales.
b. De parte del gobierno, en su papel de articular, monitorear y coordinar con los diversos órganos componentes en la gestión del Estado, en este caso específico la Marina de Guerra del Perú, encargada del monitoreo del océano, así como del sistema de alertas marinas y los diferentes organismos encargados de afrontar y prevenir los posibles efectos de fenómenos naturales.
c. De parte de las entidades de representación política y de gobierno local, a unos en el diseño de políticas y marcos legislativos en donde el bien común sea el objetivo y sustancia del espíritu legislativo y a los otros en su papel de demandar y dar respuesta inmediata frente a la afectación de derechos humanos o medio ambientales en sus ámbitos territoriales.
d. De parte de la empresa REPSOL, en su papel de entidad que trata directamente con el crudo y a la cual le corresponde tener actualizados y operativos los protocolos tanto de seguridad como del tratamiento de emergencias y desastres de manera permanente, además de brindar información oportuna y certera de sus operaciones.
Esta secuencia de responsabilidades no implica un mayor a menor grado de sanciones, ni desviar la mirada del directo responsable del derrame: REPSOL, dado que es una empresa especializada en el rubro y por tanto, que debe estar preparada para monitorear y dar respuesta inmediata a cualquier contingencia, y pasada más de una semana, nada de esto sucede. ¿Cuáles son entonces sus criterios de operación y de gestión de sus actividades? ¿El del máximo beneficio y la mínima responsabilidad?
De esta manera, el desastre medioambiental ocurrido en Ventanilla, no es el resultado de las circunstancias sino el lógico correlato de la ausencia estructural de una política medioambiental que priorice los derechos humanos en un ambiente sostenible y con permanente actualización y adecuación a los estándares internacionales de responsabilidad y sostenibilidad medioambiental.
Lo ocurrido en Ventanilla forma parte de un conjunto de problemas que tienen como eje común la explotación de los recursos naturales: la destrucción de bosques, la minería ilegal y el vertido de metales pesados en los ríos amazónicos, el irresponsable tratamiento de residuos de la extracción minera y los relaves, los constantes derrames de crudo en ríos y tierras en nuestra selva y el poco interés en ratificar Acuerdos claves que protegen al medio ambiente y a sus defensores y defensoras como es el caso del Acuerdo de Escazú.
Así mismo, ha puesto en evidencia nuestras limitaciones en el tratamiento de desastres medioambientales como es la ausencia de un centro de atención especializado para especies marinas, terrestres y aéreas, seguida del oportunismo más descarado de empresas que aprovechando el desastre tratan de hacer marketing y de nuestro siempre atento activismo reactivo, bien intencionado y a veces contraproducente por carecer de la información oportuna y operativa para responder a estas situaciones. Además de establecer protocolos y sanciones de inmediato, o hacer tajantemente efectivos los presentes, para evitar las “criolladas” como, según últimos informes, el enterramiento del petróleo recogido en las playas en pozos y huecos circundantes y no realizar su tratamiento convirtiéndolo en un pasivo de imprevisibles consecuencias.
Todo este conjunto de vacíos, despropósitos y despistes hablan de una situación estructural que a partir de este lamentable hecho nos debe movilizar en la necesidad de demandar y obtener políticas medioambientales centradas en la defensa y sostenibilidad de nuestros “recursos” naturales y configurar una consciencia sobre el lugar de la naturaleza en nuestras vidas y no solo únicamente cuando un desastre al otro lado del mundo nos despierte a nuestra desnudes y con el petróleo hasta el cuello.
