Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ¿Cuál es la fuente de esta violencia?

Las cifras de feminicidios se mantienen y en muchos países han aumentado. El acceso a derechos es particularmente difícil para las mujeres, pero lo es aún más si pertenecen a un pueblo indígena o afrodescendiente y las pocas cifras desagregadas por grupo étnico así lo demuestran.

Las cifras muestran incrementos y retrocesos porcentuales en diferentes áreas de derechos, al punto que no representan una novedad noticiable. Lo verdaderamente alarmante es constatar que estas cifras se mantienen a lo largo del tiempo ¿por qué?

El Estado es el principal garante de derechos y la falta de estos, o su vulneración, apuntan a un problema de orden estructural: un Estado que no respeta ni promueve el respeto de los derechos es un Estado que promueve la violencia.

Es esta ausencia de políticas a favor de la erradicación de la violencia terminan por facilitar su continuidad, aún más cuando es el mismo Estado el causante de gran parte de estas violencias.

Para comprender la dimensión de las violencias es necesario verlas como un conjunto, acumulado en el tiempo, de condiciones que permiten y posibilitan su continuidad y persistencia en nuestra sociedad. No se trata de hechos aislados o domésticos, o que se desatan únicamente en épocas de conflictos armados o de violencia social o de ver ambas esfereas como separadas sin mayor conexión entre sí que el uso de la violencia. Las violencias son el resultado de un largo proceso de acumulación de negación y exclusión sistemático del ejercicio de derechos y de su justificación apelando a la moral, las costumbres, tradiciones, las normas o las leyes.

En este sentido el papel del Estado como perpetrador de las violencias cubre un amplio abanico, ya sea por acción directa o por omisión.

Desde los vacios legales y la inacción frente a situaciones sociales y económicas que son el caldo de cultivo de las violencias, hasta el ejercicio de diversos tipos de violencia física y sicológica a cargo de su representación más palpable: las instituciones y sus funcionarios, a parte de las acciones directas como el desconocimiento de los derechos específicos de las mal llamadas y peor conceptualizadas «minorías étnicas» como es el caso de los derechos territoriales y la concesión y explotación de los recursos naturales a terceros, cuyas operaciones vienen incrementando la vulnerabilidad de las mujeres indígenas, como diferentes estudios demuestran, en temas especificos como la explotación sexual, la violencia doméstica, la pérdida de identidad, suicidios, inseguridad alimentaria y el incremento del VIH/SIDA en diferentes comunidades amazónicas, así como la contaminación por mercurio y otros metales pesados vertidos en el caudal de los ríos.

A modo de ejemplo, está el caso de las mujeres machiguenga en torno al proyecto del gas de Camisea. La introducción de la economía monetaria y la participación de los varones como trabajadores ha repercutido en una feroz transformación de los patrones culturales. Las mujeres antes productoras de masato y de alimentos se ven supeditadas a una mayor dependencia del varón. El acceso al licor -que ya no tiene que esperarse a su producción doméstica sino a su adquisición en las tiendas- ha disparado la violencia doméstica, a lo cual se aúna el incremento de las enfermedades de transmisión sexual.

Para el ámbito andino tenemos el caso de las esterilizaciones forzadas, cuyas evidencias apuntan a que fue una práctica sistemática desde el Estado y el no implementar aún políticas integrales de reparación y de condena a los responsables directos y mediatos habla de la continuidad de la violencia por parte del Estado.

Pero estos no son solo casos ejercidos por terceros. La responsabilidad del Estado se hace visible a través de sus funcionarios y los mayores denuncias de maltrato al punto de llegar a afectar la estabilidad emocional y la vida de las mujeres indígenas se dan en el sistema de salud, justicia, educación, seguridad ciudadana y los programas sociales, que lejos de representar los espacios de apoyo y ayuda se convierten en espacios de maltrato e incluso de muerte.

Los esfuerzos por revertir esta situación se vienen dando, pero no son suficientes y se requiere de más y mejores iniciativas que trasciendan la victimización y nos devuelva un rol protagónico a las mujeres indígenas en el sentido de fortalecer nuestro protagonismo, resignificar nuestro rol dentro de la sociedad y de participar en el diseño de políticas y de acompañar en su implementación.

De esta manera, se requiere de parte del Estado una mayor intervención en la erradicación de las violencias siendo el primero en erradicar las violencias dentro de sus prácticas de poder y de ejercicio de su soberanía, haciendo del reconocimiento integral de los derechos de los pueblos indígenas, el primer paso hacia la construcción de sociedades inclusivas, pero sobre todo, para la construcción de la vida y la dignidad.